CARBÓN Y DOLOR EN EL SENADO

Este martes pregunté al ministro de Industria en el Senado sobre la posición del Gobierno sobre el llamado “sello de calidad para el carbón”. La pregunta literal fue:

¿Qué iniciativas de orden legislativo y/o político va a tomar el Gobierno tras la aprobación en el Parlamento Europeo del “sello de calidad para el carbón” el día 14 del pasado mes, en el que se insta a impedir la importación a la Unión Europea de productos mineros extraídos sin garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad?


Ahora explicaré más sobre el fondo de la pregunta, pero antes me gustaría hacer una brevísima introducción:


El carbón no es un combustible que esté precisamente en retroceso en el mundo y ni siquiera lo está en España.  Muy lejos de eso, la Agencia Internacional de la Energía prevé que el precio del carbón se incremente en un 30% para 2030 y en un 50% para el 2050. El carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el planeta (sólo por detrás del petróleo) y además se utiliza para generar cerca del 40% de la producción eléctrica mundial. Es el carbón el que está sosteniendo el altísimo ritmo de crecimiento de China o India, no hay ninguna fuente fósil disponible en tanta cantidad en la Tierra.

Las grandes corporaciones, fondos de inversión…invierten y controlan los grandes centros de producción mundial. Son los principales países productores Indonesia, México, Colombia, Australia, EEUU, Rusia…

En España el carbón como fuente disponible en lo inmediato, es utilizada como energía “de refuerzo” a nuestra abundante potencia renovable instalada. Estos últimos tiempos ha venido siendo alrededor del 20 % del mix energético nacional.

La proporción de utilización de carbón internacional/nacional en las térmicas, es de un 60% / 40 % en favor de la primera.

Dicho todo lo cual y volviendo al comienzo de la entrada, el Parlamento de la Unión Europea, a propuesta del Grupo Socialista Europeo y votada por unanimidad de todos los grupos políticos, este 14 Septiembre aprobó una Resolución que “pide a la Comisión que establezca un mecanismo de control destinado a impedir la importación a la UE de productos de la minería extraídos sin garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad; anima a la Comisión a establecer una etiqueta de calidad para los productos de la minería extraídos de acuerdo con normas sociales, laborales, ambientales y de seguridad mínimas”. Es el llamado “sello de calidad” y en lo que aquí respecta, lo que se ha llamado “sello de calidad del carbón”.

Se presenta con arreglo a los hechos acaecidos en Sudáfrica hace pocas semanas, cuando se reprimió con fuego real y muerte las manifestaciones de los mineros de platino que pedían mejores condiciones laborales.

Y el Parlamento en Bruselas lo hace en base a diversos acuerdos internacionales sobre la materia en cumplimiento de lo contenido en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y las medidas que la complementan.

Y lo hace bajo la constatación de que ya sin tener en cuenta este hecho concreto, el incumplimiento de estos principios es flagrante y permanente.

Pero no es Sudáfrica el único gran productor que incumple los estándares más básicos en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales.

Y lo que no tiene sentido, ya sea en esta materia o en otra, es que las mismas normas que nos autoimponemos, no sean las que exijamos (aunque sea con matices) a los países que suministran a nuestro mercado interior.

La UE, España, tenemos una legislación laboral y salarios dignos (con eventuales ataques en la práctica, pero con herramientas jurídicas para corregirlo) y hemos hecho grandes inversiones en seguridad durante estos años; hemos desarrollado también una abundante legislación para la protección medioambiental…y así debe ser. Pero rompe cualquier esquema lógico que nuestro carbón compita en el mercado internacional con carbón que en su rentabilidad tiene el “valor reductor del sufrimiento”.

En España y la UE se han implementando medidas de seguridad laboral que han situado el índice de muertes en al 0,07‰ en España (estadísticamente irrelevante, aunque es lamentable cada accidente), después de inversiones de millones y millones de euros ¿Y ahora han de competir con productos procedentes de países que según diversos organismos internacionales (entre ellas la Organización Internacional del Trabajo) no cumplen ni un mínimo exigible?

Medioambientalmente se están produciendo atrocidades sin cuento. En Colombia, por ejemplo se calcula que en 2010 el 2’15% de las zonas protegidas como parques nacionales, reservas forestales, humedales y páramos, están afectados por la minería. Hace poco que se ha desarrollado legislación que en la práctica hace susceptible de explotación minera cada palmo de la selva. Veía en la red cómo preguntaba el senador colombiano Jorge Robledo, ante las pretensiones de las grandes mineras en Colombia: “¿Se permitiría hacer esto en Canadá?” La respuesta es obviamente que no y en la UE tampoco y en España tampoco.

No tiene sentido pues todo esto, la apuesta ha de ser porque el nuestro sea un modelo global, no una reserva que cada vez se va reduciendo más por la presión de los poderes económicos del exterior.

Estamos deprimiendo nuestras comarcas mineras para generar sufrimiento, muerte, miseria y catástrofes medioambientales en el exterior… Pero eso sí, en lugares tan distantes que así no lo podamos ver.

Y hacemos el juego a las grandes especuladoras (como Goldman Sachs) y empresas sin moral que hacen negocio del sufrimiento y de la muerte. No son todas, pero precisamente hay que atajar los casos en los que se fomenta la explotación

Y los ejemplos son terribles.

COLOMBIA

Es nuestro principal exportador a día de hoy. Solo la empresa minera El Cerrejón (conglomerado de empresas anglosajonas, suizas…) produce más carbón ( 30’2 millones de toneladas de carbón en 2010) que el consumido anualmente en España.

En Colombia están relatados y denunciados decenas de casos de desapariciones, amenazas, o persecuciones sindicales por parte de mafias o paramilitares con más que probable conexión con las grandes empresas mineras. Es un país en el que los sindicalistas necesitan guardaespaldas.

La principal explotadora, la empresa Drummond (EEUU), ha sido denunciada por la constante precarización de las condiciones laborales (jornada laboral de 63 horas semanales, falta de seguridad y salud laboral, con un importante aumento de los casos de silicosis), así como unos salarios que en muchas ocasiones no cubren lo más básico. En diez años fueron 6455 accidentes los que sufrieron los trabajadores

La falta de medidas de seguridad y salud relatadas produce el abaratamiento en la producción sí ¿Pero a qué coste? El padecimiento de silicosis, que produce una asfixia lenta y paulatina (a los que venimos de familia minera no hace falta que explique de qué hablo), hizo que en este mismo mes de julio, el Ministerio de la Protección Social solicitara a las Administradoras de Riesgo Profesionales que se prepararan, porque este sería el problema que más se presentaría en los próximos años en Colombia.

Se han producido traslados forzosos de comunidades indígenas e incluso hay constatados casos de utilización de mano de obra infantil en algunas explotaciones.

Esto es tan así, que recientemente la Cámara de los Comunes británica y por unanimidad de todos los grupos políticos ha censurado tanto a sus empresas como al propio gobierno colombiano, dando todos estos hechos como ciertos. Aquí hay un enlace a la resolución http://www.parliament.uk/edm/2010-12/2396


INDONESIA

Nuestro segundo suministrador. Los relatos sobre hechos similares a los descritos con Colombia, han supuesto numerosas denuncias de Amnistía Internacional, sobre todo en lo relativo a las explotaciones en marcha o previstas en Papúa Oeste, donde incluso se amenaza la supervivencia de los orangutanes.


SUDÁFRICA

El índice de mortalidad en las minas de Sudáfrica es de 0,22‰ frente al 0,07‰ en España (más de 3 veces más alto). Los salarios son entre cuatro y cinco veces inferiores a los españoles, lo que evidencia una situación de precariedad salarial importante si tenemos en cuenta que la vida en Sudáfrica es solo entre un 4 y un 5 % más barata que en España. Estamos hablando de una media salarial de 300 dólares al mes.

Dice la resolución de la UE, que motiva la pregunta que presenté, que el gobierno sudafricano “debe abordar las cuestiones de unos sueldos apropiados para los trabajadores de las minas sudafricanas y de la desigualdad en la escala salarial”

El 17 de agosto del 2012, como decía, 34 mineros fueron abatidos por las fuerzas del orden público Sudafricano por reivindicar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Con motivo de las huelgas, 270 mineros fueron detenidos y acusados de la muerte de sus propios compañeros, con arreglo a una ley de la época del apartheid basada en la doctrina del «propósito común» (responsabilización colectiva). El propio presidente Zuma reconoció la gravedad de los hechos y prometió que iba a corregir la situación…esperemos sentados.

MÉXICO

Otro de los grandes productores mundiales. En este momento no suministra a las centrales españolas, pero nada impide que lo haga en el futuro… sobre todo si el PP acaba definitivamente con la minería nacional que nos queda.

Para hacernos una idea, el propio “informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)” de México, de noviembre de 2011:

“Los trabajadores de las minas carecen del equipo y/o capacitación necesaria para realizar sus labores. Las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila distan de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales de los que México es parte”

Pasaré muy por encima sobre China, ya que de momento es importador bruto de carbón, de acuerdo a las grandes necesidades que requiere su economía. Pero se calcula (y se sabe poco, en un país opaco a la monitorización exterior), que el número de accidentes mortales es de 4000/5000 al año.

Y visto todo esto ¿qué es lo que creo que se debe pedir a nuestro Gobierno?

España, es miembro de la UE, con la que comparte principios. Es suscritora de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, sobre seguridad y salud laboral, sobre protección medioambiental. Es cumplidora y poseedora de una legislación escrupulosa –aunque es cierto que algún empresario pretende tener “carta blanca”…es cuestión de cumplimiento legal el poder atajar esas situaciones-. 

España pues debe tomar la bandera de la persecución del carbón llamado eufemísticamente “problemático” y no fomentar con nuestro consumo la explotación y muerte en terceros países. Y debe preocuparse de que tampoco lo haga UE y por ello presionar a la Comisión para que cumpla cuanto antes con el mandato del Parlamento Europeo. Porque de ello depende que muchos países y empresas deban respetar los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de sus nacionales, si quieren vender una sola tonelada de carbón en nuestro territorio. Ni un solo KW en nuestras casas ni empresas debe proceder del sufrimiento y la muerte.

España además, como productor, debe también coger la bandera por propio interés, porque el dolor baja artificialmente el precio del carbón en el mercado internacional. Podríamos estar hablando de que invertir en derechos humanos puede ser, es, económicamente rentable. Y eso es aplicable como ya he dicho, no solo a este sector, sino a otros.

Ya hay precedentes: hace tiempo que en el comercio internacional de la madera se han establecido inspecciones muy estrictas en los países de origen y en los países destinatarios del producto, donde se debe acreditar el origen y el cumplimiento de la legislación internacional vigente.

El Gobierno español debe tomar la iniciativa y todos los grupos políticos debemos ir detrás. Se debe legislar aquí, e impulsar que se legisle en la Unión Europea. Ya tenemos una palanca para apoyarnos con la resolución del Parlamento Europeo.

Y el Gobierno a su vez debe decirles a nuestras empresas, que invierten grandes sumas en marketing para poder adjetivarse como “verdes”, que no adquieran más carbón “manchado”, por rentable que éste sea.

Y finalmente, se debe explicar a la ciudadanía española y europea lo que pasa, para que ésta sea nuestro principal cómplice en la lucha contra la explotación. Es obviamente más sencillo que una persona pueda comprobar la bondad de un producto de consumo final como un mueble, que averiguar de dónde viene un kilovatio que se encuentra en la red. Precisamente por eso, el esfuerzo de concienciación debe ser mayor. Porque no sólo hablamos de carbón, hablamos del sostenimiento de un modelo social y de derecho tan acosado como el europeo. Y si el modelo cae definitivamente, unos pocos de los nuestros estarán muy contentos, aquéllos que se benefician de la falta de regulación y de las reglas del Salvaje Oeste, los más fuertes. Pero los que habremos perdido seremos la abrumadora e inmensa mayoría.

Por eso la respuesta del ministro me parece decepcionante. Es verdad que sé que poco se puede esperar de J.M. Soria y menos aún hablando del carbón. Pero el responderme que estarán “muy atentos” a lo que haga la Comisión Europea y que “acatarán” lo que legislativamente se determine, me hace pensar que efectivamente no tenemos a nadie con quién contar ¿Para qué queremos un Gobierno que, mientras destroza el futuro de nuestras cuencas, espera de brazos cruzados a ver qué se le ocurre hacer a la Comisión Europea?

Todo esto es como para confiar en su promesa de que negociarán un marco estable para nuestras empresas mineras más allá del 2018. A ver si al final la fría maquinaria europea acaba siendo más sensible que nuestro propio Gobierno...

PD.- Y mientras el Gobierno sigue a esta hora sin presentar todos los documentos necesarios para que se visen los planes de cierre de las explotaciones, resolución en la que se parapetan para no liberar las ayudas del 2012 a la actividad.

PD2.- Añado el vídeo de la pregunta que le hice en el Senado al Ministro de Industria